La ley del Talión debe tener sus raíces en la Comunidad Primitiva, cuando la justicia no estaba mediatizada por las leyes escritas ni por los jueces que las aplican. Alguien cometía un delito y la comunidad le castigaba con una pena equivalente al delito cometido. Si sacabas un ojo, tenías que pagarlo con uno tuyo, si un diente, con uno tuyo. Ojo por ojo, diente por diente.

            Con el pasar del tiempo esta práctica se trasladó a los códices de justicia. El derecho romano lo contempla y durante el medioevo se mantiene. Saber que me pueden castigar con una pena equivalente a mi delito, se supone frenaba la maldad de los seres humanos, pero no fue así. A pesar de este principio bárbaro, no se conoce una sociedad donde haya prevalecido la conducta ejemplar de los individuos. La pena de muerte en los Estados Unidos, por ejemplo, lejos está de poner fin a los delitos de todo tipo: contra la vida, la propiedad o la naturaleza.

            En la América pre colombina las sociedades se organizaban alrededor de principios vitales como no robar, no mentir y no ser ociosos. Los delitos contra la propiedad privada no podían existir por la sencilla razón de que no había propiedad privada, los delitos contra la vida estaban excluidos dentro de la comunidad de raíces familiares y la armonía de la vida humana con la naturaleza suprimía la noción de delito contra la Pachamama. Eran las sociedades del Sumak Kawsay, con problemas de naturaleza diferente a los que las sociedades pos colombinas comenzaron a padecer.

            Uno de los rasgos que de las sociedades pre colombinas ha sobrevivido en alas de la herencia comunitaria, es el de la justicia. En el Ecuador, la comunidades aborígenes reclaman el derecho a seguirla practicando. La justicia aborigen no puede ser entendida desde la perspectiva de la cultura occidental y toda injerencia que en ella hace el Estado termina contaminándola. En un estricto sentido, la misión conquistadora y colonizadora de las sociedades europeas en América se mantiene hasta nuestros días mediante lo jurídico. El Estado no confía en la justicia ancestral, porque no entiende ni confía en los pueblos originarios.  La justicia aborigen jamás produciría un hecho bárbaro como el acaecido hace unos días en Posorja.

            El linchamiento de los delincuentes fue producto de una reacción del subconsciente colectivo de un pueblo que cada día palpa la descomposición moral de todo lo que le rodea. Choca a diario con micro problemas que le atormentan como el pésimo transporte público, la carencia de servicios básicos, la falta de trabajo, las enfermedades, la violencia de género y todo tipo de violencia multiplicada hasta el infinito por los medios masivos de comunicación. Ese subconsciente colectivo está sometido a presiones brutales que sin que nadie lo canalice busca una válvula de escape. La encuentra en el rechazo violento a la delincuencia.

            El famoso diálogo propuesto por el Presidente tiene por finalidad poner colchones de amortiguamiento entre ese subconsciente colectivo y los delincuentes encorbatados que dirigen la nación. Esos colchones son los que impiden que actos bárbaros como el de Posorja se den con los banqueros ladrones, con los funcionarios corruptos, con los empresarios ambiciosos, con los delincuentes uniformados, con todos aquellos que representan el orden constituido. Ese es el papel del diálogo propuesto por Lenin Moreno: conservar esta barbarie.

            Correa tuvo el valor de comenzar a desnudar esta verdad. Su falta de fe en los valores del pueblo, hizo que la derecha revirtiera el proceso. Ahora la Ministra del interior de este gobierno prefiere meter la cabeza en la arena. Este es un tema demasiado delicado e importante como para que el oportunismo político vaya hasta el fondo. Los muertos de Posorja quedarán como una muestra de que en cualquier momento la reacción popular estallará con la fuerza de una bomba atómica. El pueblo tiene que prepararse para darle dirección revolucionaria al estallido.

17-10-2018